Por Marcela Jiménez Avendaño

Los últimos trágicos acontecimientos que cobraron la vida de 18 jóvenes en Ciudad Juárez en manos del crimen organizado motivaron que el Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, anunciara el traslado de los tres poderes del estado a esa ciudad como una medida para frenar la violencia en la misma, en tanto el Gobierno de Felipe Calderón anunció la implementación de un nuevo plan de combate al narcotráfico. Sin embargo, y pese a esas medidas, aún nos queda la interrogante de si ¿con estas acciones hoy si vamos en la dirección correcta?.

Al parecer estos movimientos siguen siendo parte de la estrategia de guerra total al crimen organizado, estrategia que ha sido cuestionada por sus nulos resultados en la disminución del tráfico de drogas y de los cada vez más altos niveles de violencia y victimización de inocentes. Entonces ¿por qué si a todas luces se requiere un viraje total de la misma, las propuestas de cambio son vagas y confusas?
La respuesta radica en que solamente existen tres posibles políticas de ataque,  o la combinación de ellas:
• La primera es la de confrontación total, que es la seguida por el actual gobierno de Felipe Calderón, que por lo general genera daños colaterales para la población civil.
• La segunda es la de colaboracionismo. Esta nunca ha existido en México y es lo que sensacionalistamente se ha dado en llamar narco-Estado. Hasta hoy, a pesar de varios casos de altos funcionarios y políticos vinculados al narcotráfico, no se puede demostrar el control del aparato del Estado por el crimen organizado, ni en este ni en el siglo pasado.
• La tercera es la de contención. Esta forma puede ser exitosa a fuerza de una rotación de mandos; del enriquecimiento de experiencias; de un proceso de mejora continua en la capacitación de policías; de una renovación tecnológica cotidiana; del aumento en la calidad y cantidad de armamento; de un minucioso trabajo de inteligencia; y de una lucha interna del sistema de seguridad contra la corrupción.  Ahora bien, si no se cumple con estos requisitos, la política de contención conduce a la complicidad de criminales con policías. Esta estrategia se basa además en tres acciones: permitir que el crimen crezca en ciertas áreas para poder hacer verdadero trabajo de inteligencia y así focalizar el combate que se desarrolla no en la casa de la población civil sino en la madriguera  de los criminales; aplastarlo en cierto nivel de su desarrollo; y dejar la responsabilidad en la operación a la policía, es decir, el ejército no participa de estas labores.
Es aleccionador observar como los propios Estados Unidos implementan la política de contención en su territorio y la de guerra total en otros países, lo que significa que en lo interno priorizan la protección y salvaguarda de su población.
En México este fue el modelo anterior utilizado por los gobiernos priistas, de hecho en los errores derivados de la mala aplicación de esta política y la consecuente vinculación de los cuerpos de seguridad con la delincuencia organizada, se encuentra la base de la justificación del actual gobierno para aplicar la política de guerra total.
En resumidas cuentas, el único cambio drástico que pudiera desarrollarse en este combate es el regreso a la política de contención -damos por supuesto que nadie, en su sano juicio, propondría la política de colaboración-. Claro que esto significaría que, tarde o temprano, Felipe Calderón aceptaría la derrota en su estrategia, aunque  con ello no perderían ni México ni las fuerzas armadas.
El caso es que Calderón se niega a reconocer el error de haber operado esta política y por ello prefiere mejor anunciar parches que nos queda claro, a la luz de tres años, no resuelven nada. De seguir esta dinámica de guerra total es probable que el Gobierno Federal llegue incluso a proponer la violación de ciertas garantías individuales de los mexicanos (por ejemplo el cateo casa por casa) para tratar de obtener ciertos resultados positivos.
La cuestión aquí es ¿por qué el resto de las fuerzas políticas tampoco han hablado al respecto?. Calculo que esto, en parte, se debe a que sus prioridades son electorales.